#Entrelíneas | Inseguridad. El ‘impuesto criminal’ que todos pagamos

#Entrelíneas | Inseguridad. El ‘impuesto criminal’ que todos pagamos

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(Expansión) – El Departamento de Estado del gobierno de EU, a través de su Buró de Asuntos Consulares, emitió el 13 de junio un reporte en el que, sin decirlo así, describe a México como tierra de nadie. Así, advierte a sus ciudadanos que los delitos violentos están generalizados en México. “Si te separas de tu grupo de viaje, envía a un amigo tu ubicación GPS. Utiliza las autopistas de peaje cuando sea posible y evita conducir solo o por la noche. No muestres signos de riqueza, como usar relojes caros o joyas”.

La paz, la seguridad, no existen en ningún rincón. A través de un ‘Aviso de Viaje a México’, el gobierno de EU recomienda a sus trabajadores y ciudadanos ciertas restricciones como las siguientes: En Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila, los empleados del gobierno de EU deben viajar directamente desde EU y cumplir un toque de queda de medianoche hasta las 6 am. En Quintana Roo, la actividad delictiva y la violencia pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, por lo que los viajeros deben salir rápidamente de situaciones potencialmente peligrosas. No viajar a la reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán. En la CDMX tener precauciones adicionales, especialmente por la noche. México es un mosaico con diferentes rostros de inseguridad. Cada estado vive su propia desgracia. La alta incidencia de secuestros que ponían en riesgo la vida e integridad de las personas, sobre todo de altos ingresos, ha bajado. Sin embargo, ahora vivimos una violencia con un perfil distinto, que no discrimina y de la que todos somos víctimas en todo momento. Las empresas no se escapan. Hoy, en todas las reuniones de negocios sale el tema. Preocupa, enoja, paraliza y algo peor: no alimenta la sensación de que la pesadilla termine en el corto plazo. Y eso trae sus consecuencias. American Chamber México lanzó un “Sondeo de Seguridad Empresarial 2022” y, entre sus principales hallazgos, destaca que 57% de las empresas encuestadas invierte de 2 a 7% de su presupuesto anual en temas de seguridad y 13% invierte más del 8%. Dos datos adicionales: 83% reporta una baja confianza en las autoridades, mientras que casi 8 de cada 10 (76%) afirman que la ilegalidad tiene un impacto directo en la empresa destacando la impunidad, la falta de estado de Derecho y la corrupción. “El sector privado está muy preocupado porque no se ve clara una estrategia integral que permita pensar que estamos en la parte dura y que esto puede mejorar. Hay una percepción de alta vulnerabilidad y de baja confianza en la efectividad en las políticas públicas para combatir los delitos”, dice Luis Ortiz, fundador y CEO de Tecnotrust. Ninguna empresa lo confiesa, pero buena parte de ellas paga el precio: ‘cobro de piso’, cancelaciones de rutas (sobre todo las de transporte de carga), destinar dinero de su presupuesto para cuidar a sus empleados y activos. Es el ‘impuesto’ de operar en medio de tiempos violentos. “Cada vez más, las acciones corporativas para preservar la seguridad son gestionadas por los altos mandos de las compañías. El principal motivo de preocupación es la seguridad de sus empleados y del transporte de carga. Otro es la seguridad física de las instalaciones, protocolos de viaje y la seguridad de la información”, añade Luis Ortiz. El Institute for Economics and Peace estima que el impacto económico de la violencia en México es de 4.92 billones de pesos, lo que representa 20.8% del PIB nacional. La Canacintra sostiene que, en los últimos 10 años, se ha triplicado el presupuesto de las empresas en costos relacionados con proteger sus activos y el transporte de los mismos. Fuentes consultadas para construir esta historia acusan que la supply chain está sufriendo serios problemas. “Por ejemplo, algunos fabricantes de prendas de vestir pagan hasta un 50% adicional en el costo del flete para seguridad privada, sobre todo en las zonas más calientes del país”, dice una de ellas que pide no ser identificada. “Yo sé que hay repartidores que ya no entran a ciertas zonas”, añade una más. Hoy, no se observa la luz al final del túnel. El “mejor escenario” que observa el sector privado es que el entorno no se descomponga más. Para ello, algunas empresas han incorporado a su gasto corriente el servicio de seguridad. Pero no hay ninguna esperanza en las políticas públicas.

El coeficiente de riesgo, vinculado a la inseguridad, se está incrementando y ello ya está impactando en las inversiones. El ‘cobro de piso’ está interviniendo en las actividades económicas y eso genera mucha molestia. Así, no se incrementará la inversión. ¿Quién resulta ser la principal víctima en esta historia? La inseguridad, de alguna forma, provoca un sobrecosto en los servicios y productos. Alguien tiene que pagar por las complicaciones en la cadena de suministro. Es el ‘impuesto criminal’. Y, ése, lo pagamos todos. ********** Hay otro fenómeno que está ocurriendo, pocos tienen registro de éste y responde a la imperante polarización. Algunas empresas le están pidiendo a su personal que vistan como civiles, no porten sus uniformes, pasen desapercibidos para no ser atacados por la gente de la localidad. No es un tema de delincuencia. Tiene que ver con la campaña de desprestigio en contra de ciertas empresas desde las altas esferas de la política mexicana. Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: CNN

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