Transición energética y beneficios económicos

Transición energética y beneficios económicos

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Bajo cualquier escenario, el cambio en el modelo de producción de energía en nuestro país debe realizarse bajo una estrategia de largo plazo. La transformación energética debe estar fincada en decisiones que evalúen los beneficios futuros y no ponderando los costos o réditos en el corto plazo. Si bien la urgencia por realizar este cambio proviene de la necesidad de preservar nuestro medio ambiente y la biodiversidad del planeta, frente al calentamiento global -provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero-, para algunas personas este argumento no es del todo contundente en términos económicos y financieros.

De hecho, esta percepción pareciera que ha tomado mayor fuerza en los últimos meses a nivel mundial. Como resultado de la situación geopolítica actual, se ha previsto un menor ritmo de crecimiento económico y de recuperación del bienestar social para el mundo en 2022 y 2023. Esto indudablemente también podrá retrasar el alcance de las metas acordadas en los distintos acuerdos climáticos. Asimismo, el aumento en la inflación, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes debido al incremento en los precios de los alimentos, fertilizantes y energéticos, tiene el potencial de ralentizar la transformación de la matriz energética mundial. Ciertamente, el incremento en los precios mundiales de estos productos se debe en específico a restricciones de oferta. Restricciones que no necesariamente responden a una situación económica particular. En este sentido, la prohibición por parte de Estados Unidos para no importar petróleo, gas natural y carbón de Rusia podría seguir abonando al aumento de estos precios. A la par, y pese a los compromisos climáticos hechos por el mismo presidente Biden, Estados Unidos decidió liberar una parte de sus reservas estratégicas de petróleo y aumentar la producción de otros combustibles fósiles, para contener el aumento de los precios de la gasolina en el corto plazo. Evidentemente, esta estrategia podría ir en detrimento del avance en la generación de energía con recursos renovables. La situación en Europa no es muy diferente. Si bien muchos países europeos han hecho enormes esfuerzos para migrar a modelos de generación de energía limpia, es evidente la dependencia que aún mantienen sobre los combustibles fósiles para mantener sus economías en movimiento. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, Europa es una región importadora neta de estos energéticos y aunque ya prohibió la compra del carbón ruso, se ve difícil que en el corto plazo hagan lo mismo con el petróleo y el gas natural sin asumir altos costos. De hecho, la demanda europea sobre los energéticos rusos es tal que ni Estados Unidos, junto con sus socios, pueden cubrirla de manera inmediata. Curiosamente, hoy las conversaciones para que otros países (Irán, Venezuela y Arabia Saudita) aumenten su producción petrolera y de gas son más complejas. Sobre todo, debido a que en el pasado estos mismos países fueron marginados de la discusión y los acuerdos sobre el cambio climático. Bajo estas circunstancias, podríamos llegar a la conclusión de que la política actual de seguridad (“soberanía”) energética en muchos países considerará retrasar sus objetivos en torno a la incorporación de energías renovables. Sin embargo, desde mi punto de vista, la única forma de reducir la dependencia energética entre países es justamente la diversificación de la propia matriz energética con la inversión en el corto plazo en innovación tecnológica. Recapitulando, y en mi opinión, parte del estrés económico actual pudo haberse evitado o al menos mitigado si el mundo hubiese emprendido años atrás políticas de transición energética más eficaces y de largo plazo. En contraste, las políticas públicas de muchos países se basaron en una evaluación de costo – beneficio de corto plazo, considerando comprar gas natural barato en lugar de invertir en generación de energía renovable. Incluso ignorando los peligros del cambio climático. En México si bien tenemos conciencia de los beneficios ambientales y económicos de migrar a métodos de generación energética más sustentables, la velocidad de esta transformación tampoco ha sido la deseable. De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2021-2035 (PRODESEN), actualmente alrededor del 65% de la electricidad generada en el país se produce vía combustibles fósiles. De este número, un alto porcentaje se realiza en plantas que emplean gas natural y vapor de agua. Aquí cabe recordar que alrededor del 75% (dependiendo de la fuente de información) del gas natural que consume el país viene de Estados Unidos. Este porcentaje podría crecer en los próximos años, dado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó en 2021 cinco licitaciones para construir varias centrales de ciclo combinado. Algunas se construirán en Baja California y en Yucatán, donde existe un déficit histórico de generación de energía. Además, la CFE pretende desarrollar, junto con la iniciativa privada, una terminal de licuefacción de gas natural en Topolobampo, Sinaloa, y también una planta de regasificación del combustible en La Paz, Baja California Sur. Finalmente, coincido con aquellos analistas que dicen que la situación geopolítica actual pareciera estar reivindicado a aquellos actores que promueven la seguridad energética vía los combustibles fósiles sobre el uso de fuentes de energía renovables y limpias en nuestro país.

Si bien en México existe una política de transición energética, en mi opinión esta no ha generado aún todos los frutos que necesitamos y esto, en parte, es consecuencia de la incertidumbre legal en el ambiente de negocios que prevalece. Según el PRODESEN, la demanda de energía seguirá creciendo en los próximos años a una tasa anual aproximada de 3.2%. De tal manera que existe la necesidad de generar más energía para el desarrollo económico del país. Si decidimos producir un porcentaje mayor de energía a través de fuentes renovables, primero, contaríamos con una capacidad de generación más barata; segundo, reduciríamos las emisiones contaminantes y, tercero, evitando el deterioro ambiental obtendríamos beneficios económicos. De lo contrario, seguiremos asumiendo en el corto plazo costos económicos producto de potenciales desabastos de los combustibles fósiles, a variaciones en sus precios y al impacto del tipo de cambio. Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas e Infraestructura de la calificadora HR Ratings. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: CNN

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